Enero 2021.- Por primera vez, los contratos de conservación, mantenimiento y explotación de la AP-8 y de los Túneles de Artxanda y Variante Sur Metropolitana incluyen como requisito el uso de la metodología BIM así como la aplicación de medidas de innovación en ámbitos como la sostenibilidad ambiental o la sensorización de la carretera.
Así se recoge en la licitación de los contratos de estos servicios que están promovidos por la sociedad Interbiak (Sociedad Pública Foral, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación de Bizkaia), que ha publicado para el periodo de cinco años comprendido entre junio de 2021 y junio de 2026. El objeto de ambos contratos es la realización de operaciones preventivas dirigidas a mantener en buen estado la infraestructura; facilitar el tránsito de vehículos en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez; controlar y mejorar las condiciones de seguridad; y gestionar el cobro de los peajes.
De este modo, el uso de la tecnología BIM (modelizado de información de construcción por sus siglas en inglés) será uno de los requisitos establecidos por la Diputación Foral de Bizkaia en la construcción de todas las nuevas infraestructuras. En la VSM el BIM se utilizará por primera vez para un proyecto de superestructura, de modo que permitirá anticipar y resolver previamente cualquier punto de colisión entre ambas.
Así, la instalación de cámaras, ventiladores, bocas de incendios, señales, luminarias, etc. estará perfectamente adaptada a la infraestructura, permitiendo además realizar un mantenimiento mucho más eficiente cuando esté en servicio.
El precio base de licitación de estos contratos suma un importe de 150,5 millones de euros, de los cuales 79 millones corresponden al contrato de la AP-8 y 71,5 millones al de los Túneles de Artxanda y la Variante Sur Metropolitana. En todo caso, las cantidades abonadas estarán vinculadas al cumplimiento de diferentes criterios, para lo que la Diputación establece indicadores de evaluación en ámbitos como la seguridad vial, la seguridad laboral, las reclamaciones de las personas usuarias, la calidad del servicio de conservación y vigilancia o las afecciones a las personas usuarias.
Fotografía: Deia
